Políticas contra la prevención y explotación sexual de menores: Código de conducta

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo 2 de los Derechos sociales, Económicos y culturales consagra en el artículo 44 los derechos fundamentales de los niños. Son derechos fundamentales el de la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, y la alimentación. Asimismo, se indica que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. La carta política reconoce adicionalmente los derechos de los niños consagrados en las leyes y tratados internacionales ratificados por Colombia.

Colombia ratificó el 28 de enero de 1991, la Convención sobre los derechos de los niños, en la cual, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, las naciones reconocen la especial protección que se debe tener sobre los derechos de los niños.

El Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía entró en vigor internacionalmente en el año de 2002, este instrumento internacional criminaliza las violaciones de los derechos de la infancia y hace hincapié en la importancia que tiene fomentar una mayor concientización pública y cooperación internacional en las actividades para combatirlas. El Protocolo incluye las definiciones de los delitos de "venta de niños", "prostitución infantil" y "pornografía infantil", y obliga a las naciones a criminalizar y castigar las actividades relacionadas con estos delitos.

Mediante la Ley 679 de 2001 se adoptaron en Colombia, medidas de protección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad. En esta Ley, el Estado colombiano se compromete con los principios de protección de la niñez y establece tipos penales por la pornografía y turismo sexual con menores de edad. De igual forma, esta norma establece el compromiso de los prestadores de servicios turísticos definidos en las normas vigentes (Ley 300 de 2006 y Ley 1101 de 2006), dada la responsabilidad que podrían tener con este tipo de conductas. Por este motivo, ningún prestador de servicios turísticos puede ofrecer en los programas de promoción turística, planes de explotación sexual de menores. Asimismo, se promueve que las empresas adopten medidas para impedir que sus trabajadores, dependientes o intermediarios, ofrezcan orientación turística o contactos sexuales con menores de edad.

En el año 2009 se expidió la Ley 679 del año 2001, en la cual se establece que las empresas prestadoras de servicios turísticos y las aerolíneas deben desarrollar un modelo de código de conducta, que promueva políticas de prevención y que eviten la utilización y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de su actividad.

Mediante esta resolución la Aeronáutica Civil establece el contenido básico que debe tener el código de conducta o protocolo o código de ética de las empresas de servicios aéreos comerciales de pasajeros. El cual debe ser acatado por los representantes legales, directores, administradores y empleados. Asimismo, a partir de la expedición de la presente resolución el código de conducta o las políticas o los protocolos o el código de ética de cada compañía debe ser observado por los contratistas que presten servicios relacionados con la prestación del servicio de transporte aéreo comercial (Resolución 4311 de 2010. Artículo 1).

El transportador informará a su personal el deber de observar las políticas contenidas en el presente documento a fin de prevenir la utilización y explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y les informaran el deber de observarlas dando aplicación al Reglamento Interno de Trabajo.

A partir de la fecha de adopción del presente código aquellos proveedores o contratistas con los cuales se formalice una relación contractual con la aerolínea y que presten servicios relacionados con la prestación del servicio aéreo comercial, deben observar las políticas contenidas en el presente documento para prevenir la utilización, explotación y abuso sexual de niño, niñas y adolescentes.